El 25 de febrero de 2025, el presidente Trump anunció que buscará poner fin o modificar el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 de EE. UU., que brinda a los inversores extranjeros la residencia permanente en los Estados Unidos. El programa EB-5 requiere que un ciudadano extranjero invierta en empresas estadounidenses que creen 10 o más puestos de trabajo por inversor. El programa tiene un monto de inversión de $1,050,000 que puede reducirse a $800,000 si la inversión se realiza en una zona de alto desempleo, área rural o mediante un proyecto de infraestructura del gobierno. Los inversores y sus dependientes menores de 21 años y solteros pueden obtener la ciudadanía estadounidense después de cinco años de residencia permanente.

El anuncio de Trump tiene como objetivo reemplazar o modificar la visa EB-5 con un programa de “Tarjeta Dorada”, que según el presidente requeriría una inversión de $5 millones y que otorgaría “tarjeta verde más beneficios”, incluido un camino hacia la ciudadanía que el programa EB-5 ya proporciona. No se dieron más detalles, aunque en su anuncio señaló que en las próximas dos semanas se publicaría un plan detallado. Según el presidente, el objetivo es atraer a personas adineradas a Estados Unidos que crearían empresas y ayudarían a reducir el déficit del país.

El Congreso tiene la autoridad de aprobar leyes de inmigración que controlen la admisión, la exclusión y la naturalización. Este poder se basa en el Artículo 1, Sección 8, Cláusula 18 de la Constitución, que otorga al Congreso el poder de hacer leyes que sean necesarias y adecuadas para llevar a cabo el poder de la Constitución. Asimismo, la Corte Suprema ha dictaminado que el Congreso tiene poder “pleno” sobre la inmigración, lo que significa que el Congreso tiene autoridad casi completa sobre la aprobación de leyes de inmigración. En 2022, el Congreso reautorizó el programa EB-5 hasta el 30 de septiembre de 2027, con la aprobación de la Ley de Reforma e Integridad del EB-5. El presidente no tiene autoridad para anular una ley del Congreso, incluido el programa EB-5 existente. De la misma manera, el Congreso tiene control exclusivo sobre la asignación de números de tarjetas verdes basadas en el empleo y cualquier cambio al respecto tendría que hacerse modificando el estatuto. El presidente puede proponer nueva legislación sobre inmigración, pero sólo el Congreso puede crear nuevas leyes y modificar las leyes existentes. El presidente también tiene la autoridad de hacer cumplir las leyes de inmigración a través de agencias como los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Cualquier intento de anular el programa EB-5 puede ser respondido con una acción judicial inmediata para prohibir y anular cualquier propuesta de ese tipo.

Dada esta situación, cualquier ciudadano extranjero que esté interesado en el Programa EB-5 debe tomar medidas lo antes posible. El programa actual contiene protecciones para los inversores que inviertan durante la legislación aprobada actualmente. La Ley de Reforma e Integridad incluye una disposición que establece que las peticiones de visa de inversionista EB-5 I-526E presentadas antes del 30 de septiembre de 2026 se mantendrán vigentes y se procesarán hasta su finalización, incluso si el Programa EB-5 no se renueva. Esto presenta una ventana de oportunidad para que un inversionista y su familia tomen medidas y presenten su petición al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

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